MADRID 28 Mar. (EUROPA PRESS) - (Felipe Araya / Periodismo UNIACC)
Para comenzar con este tema tenemos que dar un contexto sobre qué es la pena de muerte en nuestro país, consiste en acabar con la vida del detenido tras cometer un delito de carácter grave, siendo el 3 de febrero de 1890 la primera ocasión en que un convicto falleció con motivo de esta condena. A partir de allí, y hasta el 5 de junio de 2001, hubo un total de 58 personas ejecutadas por esta norma, la mayoría de ellas condenadas por robo con homicidio.
Precisamente comenzando el actual milenio, bajo el mandato de Ricardo Lagos, el Congreso Nacional aprobó la ley número 19.734 reemplazando la pena capital del Código Penal por el presidio perpetuo calificado que obligadamente pide un mínimo de 40 años de presión.
Como actualmente Chile adhiere al protocolo de la Convención Americana de los Derechos Humanos, el país tiene un compromiso internacional de abolición de la pena de muerte. Sin embargo, esta normativa permite su aplicación excepcional en casos de crímenes de guerra, aunque ello implicaría llevar la causa hacia la Justicia Militar.
Sin embargo, en un año de campañas presidenciales, ciertos políticos han mencionado la opción de reestablecer la pena de muerte para obtener mayores grados de seguridad y orden público en el país. Más allá de que la complejidad de hacerlo obligaría a romper tratados internacionales, distintos estudios –como los liderados por Amnistía Internacional- sostienen que no hay pruebas que permitan establecer un vínculo entre condenas penales letales y baja de la criminalidad.
De esta manera, la historia de la pena de muerte en Chile –terminada hace más de dos décadas- puede considerarse como superada en la misma línea que han hecho otras democracias modernas, en aquellas donde las técnicas del control del delito apuntan hacia otros lugares más efectivos.