Morales sostiene que "legalmente" aún es presidente porque no se cumplieron los trámites parlamentarios para su dimisión
MADRID, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de la autoproclamada presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, ha reconocido este jueves que será "complicado" que Argentina extradite al ex presidente Evo Morales, después de que la Fiscalía haya emitido una orden de captura en su contra por los delitos de sedición y terrorismo.
"Obviamente, va a ser complicado poder detener a Evo Morales porque está en el vecino país de Argentina, pero nosotros podemos activar lo que se llama la extradición", ha dicho el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, en una entrevista concedida a CNN.
Murillo ha avanzado que el fiscal general, Juan Lanchipa, "pedirá toda la colaboración de la Interpol para que puedan ayudar en la aprehensión". "Veremos cómo responde el Gobierno de Argentina", ha deslizado, según informa la prensa local.
El jefe de Gabinete ha sostenido que Morales "tiene una deuda con el Estado boliviano", por lo que debe rendir cuentas ante la Justicia, subrayando que "los errores políticos no son el problema", sino "los delitos que cometió". "Los errores políticos se pagan con el voto del pueblo", ha afirmado.
Por su parte, la ministra de Exteriores, Karen Longaric, ha avanzado este jueves que el Gobierno preguntará al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) si Morales puede hacer política como refugiado.
"Les vamos a consultar si está permitido que los refugiados emitan opiniones de carácter político o realicen actos políticos que pongan en peligro la estabilidad del país que los persigue", ha anunciado en declaraciones a la prensa recogidas por la agencia de noticias oficial ABI.
Longaric ha subrayado que se trata de "una consulta de carácter jurídico internacional", de modo que una vez obtengan respuesta las autoridades bolivianas harán "la queja formal" ante el Gobierno argentino.
La jefa de la diplomacia boliviana ha aprovechado asimismo para instar a Argentina a "cumplir todos los estatutos de cooperación judicial internacional que están vigentes en el mundo entero" entregando a Morales.
ORDEN DE DETENCIÓN
La Fiscalía emitió el miércoles una orden de detención contra Morales por sedición y terrorismo, delitos de los que se le acusa por haber ordenado cercar importantes ciudades en el marco de las protestas postelectorales.
La orden de detención también se dirige contra Faustino Yucra, el líder 'cocalero' que habla con Morales en la conversación telefónica que dio lugar a la investigación penal contra el antiguo mandatario.
En la grabación, que hizo pública el Gobierno de Áñez, la voz atribuida a Morales insta a Yucra a dar "dura batalla a los fascistas y racistas". "Va a ser hora de combate, combate, combate (...) Con el pueblo alteño y otros sectores, vamos a derrotarlos", dice.
En concreto, le ordena que hagan "cercos de verdad" de modo que "no entre comida a las ciudades". Además, le explica que, para que la gente no se "canse", los organice en grupos que se vayan rotando "cada 24 horas". "Hay bloqueo hasta ganar, hermano", le indica.
El Gobierno ya había anunciado que denunciaría a Morales ante los tribunales bolivianos por sedición y terrorismo y ante el Tribunal Penal Internacional (TPI) por delitos de lesa humanidad.
Sin embargo, el Ministerio Público aclaró que ha actuado de oficio por "la presunta comisión de los delitos de sedición, terrorismo y financiamiento al terrorismo" que alcanza a los "coautores, cómplices y encubridores".
Tanto Morales como Yucra se encuentran en Argentina. El líder indígena dimitió el 10 de noviembre tras confirmarse las "irregularidades" en las elecciones presidenciales del 20 de octubre. Primero llegó a México, donde pasó casi un mes como asilado, pero la semana pasada recaló en Argentina como refugiado tras una breve escala en Cuba por razones médicas.
"JUICIO DE PRIVILEGIO"
Morales ha rechazado vía Twitter este "regalo" que le ha hecho el "Gobierno 'de facto'", indicando que se trata de "una orden de aprehensión, injusta, ilegal e inconstitucional". "No me asusta. Mientras tenga vida seguiré con más fuerza en la lucha política", ha enfatizado.
El líder indígena esgrime que, debido a su estatus de ex presidente, solo puede ser procesado mediante el llamado juicio de responsabilidad, si bien las denuncias formuladas hasta ahora en su contra se han tramitado por la vía ordinaria.
Lanchipa ha explicado este jueves que "el juicio de responsabilidades o juicio de privilegio se activa contra las acciones que llevan adelante el presidente o vicepresidente en el ejercicio de sus funciones" y en el caso de Morales "las acciones en investigación han sido posteriores al 10 de noviembre, cuando dejó la función presidencial".
Morales le ha contestado vía Twitter que "legalmente" sigue siendo presidente porque su dimisión no llegó a ser considerada por la Asamblea Legislativa, trámite requerido para su validez.
También ha argumentado que incluso "de haber sido aceptada, tampoco se cumplieron los procedimientos para una sucesión constitucional, por lo que Áñez se autoproclamó ilegalmente".
"Los golpistas no cumplieron los procedimientos legislativos, violan sistemáticamente la Constitución, han desatado una persecución política y cometido crímenes de lesa humanidad. Todos sus actos son nulos de pleno derecho", ha sentenciado.