BUENOS AIRES, 10 Dic. (Notimérica) -
La reforma del Código Procesal Penal en Argentina, que ha estado envuelta en la polémica ya que muchos consideran que garantiza la impunidad de los funcionarios del Gobierno, ha sido promulgada este martes, después de su aprobación en el Congreso Nacional, según se ha informado en el Boletín Oficial.
La ley número 27.063 fue sancionada en la Cámara de Diputados el pasado jueves con 130 votos a favor, 99 votos en contra y dos abstenciones. La iniciativa tuvo un rápido tratamiento en ambas Cámaras por orden de la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner.
Las principales novedades del Código son que la investigación de los delitos ya no está a cargo de los jueces, sino de los fiscales, además las víctimas tendrán más participación en las causas. También se amplían los supuestos para la prisión preventiva y se habilita la expulsión de extranjeros que delincan.
Precisamente, estos fueron los puntos que generaron más conflicto: los nuevos criterios para el dictado de la prisión preventiva, la posibilidad de expulsar a extranjeros que cometan delitos, la designación de 1.734 personas en el Ministerio Público (contemplada en un anexo del proyecto) y la falta de una ley de implementación, así como de una nueva ley orgánica del Ministerio Público, según ha explicado el diario argentino 'La Nación'.
El nuevo Código prevé que se creen 17 nuevas fiscalías generales y se incorporen más de 1.700 empleados a las fiscalías. Además, pone plazos perentorios para acortar los procesos (no se podrá exceder los tres años para llegar a una resolución judicial) y estipula tiempos más cortos para que la causa sea enviada a juicio oral, que se termine la etapa de investigación en un año y que el litigio se realice -como muy tarde- un mes después, según informan medios locales.
Hoy, los jueces sólo pueden dictar la prisión preventiva de un imputado si existen riesgos procesales, esto es, si hay "peligro de fuga u obstaculización de la investigación". El nuevo Código también tiene en cuenta las condiciones del imputado, como por ejemplo si tuvo detenciones previas. Además, se facilita la suspensión del juicio a los extranjeros si son detenidos mientras están cometiendo el delito.
Entre los puntos a favor: Se tendrá en cuenta la diversidad cultural, por eso, cuando se trate de hechos cometidos entre miembros de un pueblo originario, se deberán tener en cuenta "sus costumbres en la materia", según establece el Boletín Oficial.
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