CIUDAD DE MÉXICO, 24 Abr. (Reuters/Notimérica) -
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) ha publicado este domingo su último informe sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, un informe que revela la continua obstrucción del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto para esclarecer lo ocurrido en la noche del 26 de septiembre de 2014.
Los expertos internacionales dijeron este domingo al presentar el que será su último informe --pues el próximo día 30 se marcharán de México ya que el gobierno mexicano decidiera no prorrogar la investigación-- que no han logrado establecer cuál fue el destino de 43 estudiantes desaparecidos y posiblemente masacrados en México debido en gran medida, a las fallas y demoras de la fiscalía que lleva el caso.
El GIEI presentó su informe final tras 14 meses dando asistencia técnica a la Procuraduría General de la República (PGR) debido a los problemas para resolver un caso que dejó en evidencia las grietas del sistema de justicia y la crisis de Derechos Humanos que vive el país.
En el informe final de su investigación del caso, los expertos denunciaron obstáculos tales como que no pudieron volver a entrevistar a los detenidos, ni obtener declaraciones de líderes políticos ni de ex altos funcionarios o que la PGR ahondara en líneas de investigación propuestas.
"La investigación tuvo dificultades que no son imputadas de manera exclusiva a la simple complejidad de un caso de esta magnitud", dijo el grupo en su informe, quien a pesar de las demandas de los familiares no continuará en el caso porque el Gobierno mexicano considerase que su participación ya no era necesaria.
Esas dificultades "no pueden leerse como simples obstáculos improvisados o parciales", agregó el informe, de 608 páginas, sugiriendo que no hubo voluntad política del Gobierno de Enrique Peña Nieto para avanzar en las investigaciones.
Los expertos advirtieron que otros cuerpos policiales, como la Policía Federal y policías del estado de Guerrero pudieron tener participación en los ataques, que se desataron en distintos puntos de la ciudad de Iguala cuando los jóvenes llegaron a tomar autobuses para participar en una protesta.
Allí, la noche del 26 de septiembre del 2014 cerca de 100 estudiantes de la escuela de magisterio rural de Ayotzinapa, en el empobrecido estado de Guerrero, fueron atacados por policías y supuestos sicarios del grupo criminal Guerreros Unidos, en un caso que dejó patente la extendida complicidad entre autoridades y cárteles del narcotráfico.
En su primer informe de septiembre del año pasado el grupo, nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, puso en tela de juicio la investigación del ex fiscal Jesús Murillo Karam, hombre cercano a Peña Nieto y que había dicho que los estudiantes fueron masacrados y quemados en un basurero de Cocula, un pueblo cercano a Iguala.
Esta pesquisa señaló que los restos fueron tirados a un río cercano de donde se recuperaron partes trituradas en bolsas, de las cuales sólo fue identificado el estudiante Alexander Mora por un pequeño fragmento óseo.
En su informe, los expertos dijeron que no fue posible establecer que ese hueso fuera sacado del río, lo cual abre más interrogantes en el caso.
INVESTIGACIÓN FRENADA
Pese al malestar que le causó el primer informe de los expertos, el Gobierno accedió a extender su mandato y en noviembre del año pasado inició una nueva fase en la investigación que marchó bien durante los primeros dos meses.
Los expertos dijeron que a partir de enero de este año se frenaron un amplio número de diligencias solicitadas por el grupo, tales como ahondar en la posibilidad de que los ataques contra los estudiantes se hubieran desatado porque éstos tomaron un autobús que podría contener un cargamento de droga.
El GIEI solicitó que la fiscalía pidiera colaboración al Gobierno de Estados Unidos para conocer casos de uso de autobuses para traslado de heroína --actualmente uno de los principales negocios de los narcos mexicanos--, pero las solicitudes fueron rechazadas por Washington por estar mal planteadas.
Cerca de 65 solicitudes de declaraciones que fueron pedidas a la PGR, en su mayoría en noviembre del 2015, se realizaron a mediados de abril, cuando los expertos estaban concluyendo su informe y ya casi no tenían tiempo de analizarlas, señaló el reporte.
El GIEI dijo que encontró nuevas pistas de que en los ataques, en los que fueron asesinados tres estudiantes y otras tres personas que no tenían que ver con los enfrentamientos entre los jóvenes y los policías, participaron además otras corporaciones policiales.
Hasta ahora, la investigación señalaba a los policías municipales de Iguala y Cocula como los principales responsables de la detención y desaparición de los estudiantes.
"La Policía Federal tendrá que ser investigada en profundidad", dijo el informe, refiriéndose a que patrullas de esta corporación, una de las encargadas del combate al crimen organizado, estuvieron presentes en diferentes lugares donde fueron atacados los estudiantes y un equipo de fútbol que fue confundido con éstos.
Activistas, así como representantes de familiares de los desaparecidos, creen que la complicidad con Guerreros Unidos no se circunscribía solamente a las fuerzas municipales y hablan de un contexto de "macrocriminalidad", donde participaron distintos cuerpos de seguridad, incluido el Ejército.
El grupo lamentó que el Gobierno le haya negado entrevistar a decenas de militares que estuvieron presentes esa noche en distintos puntos de Iguala y que no los haya presionado para entregar fotografías y videos que hubieran ayudado a resolver el complejo caso.