MADRID, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de México ha expresado este domingo su "rechazo" a los "hechos de violencia" registrados en los últimos días en Venezuela, pidiendo a las partes "que se abstengan de recurrir a la violencia o a la provocación".
En su comunicado, el Ministerio de Exteriores del país ha destacado entre los incidentes "los daños a instalaciones públicas y oficinas del gobernador Henrique Capriles".
Asimismo, ha destacado "la importancia de lograr en el corto plazo un acuerdo político nacional que permita a los venezolanos recuperar la normalidad democrática en el país".
El sábado, decenas de manifestantes lanzaron piedras y bombas incendiarias contra la sede de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, en el marco de las protestas convocadas por la oposición contra el Gobierno del país.
Horas antes, efectivos de la Policía y la Guardia Nacional venezolanas utilizaron gases lacrimógenos para frenar la manifestación, tras lo que la oposición denunció la "brutal represión" contra los participantes en la marcha.
En la participó Capriles, quien denunció que las autoridades "sólo se dedican a lanzarle bombas al pueblo que está exigiendo la destitución a los magistrados de la Sala Constitucional, que cometió una violación a la Constitución".
Precisamente Capriles dijo que no acatará la inhabilitación a la que ha sido condenado. "¡A Venezuela la llevo en mi corazón! ¡Jamás podrán inhabilitarme que luche para cambiar nuestro país! Nos vemos en la Francisco Miranda", apuntó a través de su cuenta en Twitter.
Este viernes, la Contraloría General de la República informó a Capriles de que fue inhabilitado políticamente por 15 años y se le impuso una multa de diez dólares "por haber reconducido el presupuesto de Miranda".
Posteriormente, Capriles denunció que la sede de su campaña ha sido atacada con bombas lacrimógenas que provocaron un incendio en el edificio. El propio gobernador de Miranda estaba dentro del inmueble en ese momento.
Las manifestaciones convocadas por líderes de oposición se suceden desde que el Tribunal Supremo de Justicia publicase hace dos semanas dos sentencias que afectan al ejercicio parlamentario de los diputados a la Asamblea Nacional por los partidos de la oposición, lo que supone una "ruptura del orden constitucional".
En un principio, el Gobierno se limitó a emitir un comunicado en el que denunció una "arremetida" de "la derecha intolerante y pro imperialista dirigida" por Estados Unidos para "atentar contra el Estado de Derecho" a través de "falsedades e ignominias", pero finalmente convocó al Consejo de Defensa Nacional, que ordenó al TSJ dar marcha atrás.
El TSJ ha cumplido las órdenes del Palacio de Miraflores y ha emitido dos "aclaraciones" que devuelven sus poderes a la Asamblea Nacional y la inmunidad a los diputados, con lo que el presidente, Nicolás Maduro, ha dado por superado este "impasse en los poderes públicos". Sin embargo, para los críticos esta sucesión de hechos confirma que el Gobierno controla las demás instituciones venezolanas.