MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -
La ONG Amnistía Internacional ha pedido este martes a las autoridades de Libia que pongan fin a la impunidad de los crímenes contra la humanidad perpetrados por el grupo armado Al Kaniat en la en la ciudad de Tarhuna, cooperando en el arresto de los acusados y garantizando que sus víctimas reciben una reparación completa.
"El Gobierno libio y las Fuerzas Armadas Árabes Libias deben pedir disculpas públicamente a sobrevivientes y familiares de las víctimas y asegurarse de que todas estas personas sin discriminación reciben una reparación completa, incluidas indemnizaciones económicas, así como cooperar en el arresto y la entrega de las personas acusadas al Tribunal Penal Internacional (TPI)", ha declarado la subdirectora de Amnistía para Oriente Próximo y el norte de África, Diana Eltahawy.
La organización ha publicado un informe en el que recoge los casos de casi 160 personas que fueron secuestradas por la milicia, la mayoría entre abril de 2019 y junio de 2020, y que posteriormente fueron asesinadas o sufrieron desaparición forzada. Según la Asociación de Víctimas de Tarhuna, al menos 68 personas aprehendidas por Al Kaniat siguen en paradero desconocido.
Los crímenes cometidos por el grupo armado incluyen además tortura, desplazamientos forzosos, confiscación de bienes, que también constituyen "violaciones del Derecho Internacional Humanitario y crímenes de guerra".
Por estos hechos, han sido acusadas una treintena de personas, sin embargo "sólo" cinco han sido "detenidas, declaradas culpables y condenadas a muerte o a prisión", en un proceso judicial "sin garantías en Libia occidental", ha criticado Amnistía.
En cualquier caso, estas cifras contrastan con las 400 órdenes de detención que emitió la Fiscalía de Tripolí, después de que las fuerzas del Gobierno de Unidad Nacional, reconocido a nivel internacional, tomaran Tarhuna en junio de 2020 y expulsaran a la milicia.
"Estas investigaciones no analizaron el papel, la complicidad y la responsabilidad de mando de las autoridades y los líderes de milicias que siguen en el poder", ha lamentado la ONG.
"La población de Tarhouna aún está conmocionada por la campaña de terror del grupo armado. Quienes sobrevivieron saben que esos crímenes no podrían haberse perpetrado sin la complicidad de los sucesivos gobiernos, autoridades de facto, poderosas milicias y grupos armados en Libia", ha señalado Eltahawy.
Pese a ello, hasta el momento solo 37 familias han recibido algún tipo de apoyo económico de las autoridades libias, mientras "otras" han enfrentado "obstáculos, negativas o retrasos burocráticos" para solicitar una indemnización, ha denunciado la organización.
Para evitar que se repitan estos "crímenes horribles", Amnistía Internacional ha pedido a la comunidad internacional que presionen a las autoridades libias para que "dejen de a miembros de milicias o grupos armados en instituciones estatales sin antes" investigar a las personas sobre "las que haya sospechas razonables de que han cometido crímenes de Derecho Internacional".