MADRID 14 Jul. (EUROPA PRESS) -
La ONG de Human Right Watch (HRW) ha instado a las fuerzas de seguridad y a las autoridades de Sri Lanka a respestetar los derechos de los manifestantes tras la declaración del estado de emergencia el miércoles con motivo de las movilizaciones.
La petición de la organización ha tenido lugar horas después de que el primer ministro del país, Ranil Wickremesinghe, haya sido nombrado presidente interino y haya calificado de "amenaza fascista" las manifestaciones, declarando además el estado de emergencia y el toque de queda en el oeste de la isla.
"Las normas de emergencia no se pueden utilizar para prohibir todas las protestas o permitir que las fuerzas de seguridad hagan un uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes", ha advertido el director para el sur de Asia de HRW, Meenakshi Ganguly.
Asimismo, Ganguly ha recordado que las últimas declaraciones de emergencia decretradas en Sri Lanka plantearon "graves preocupaciones" de que el Ejército y la Policía las fueran a utilizar para "abusar de los activistas" y otras personas que se unen a las protestas el Gobierno.
"Las Fuerzas Armadas deben actuar solo bajo control civil y todas las fuerzas de seguridad deben defender los principios básicos sobre el uso de la fuerza y de conformidad con los Derechos Humanos fundamentales", ha señalado la organización.
HRW ha señalado que, si bien el Derecho Internacional permite a los Gobiernos imponer ciertas medidas de emergencia en respuesta a amenazas significativas a la vida de la nación, las derogaciones de los derechos básicos deben ser estrictamente necesarias y proporcionadas a la emergencia y ser de la menor duración posible.
También ha afirmado que, según las leyes de Sri Lanka, un estado de emergencia permite que el presidente anule cualquier ley, excepto la Constitución , restringiendo derechos fundamentales, incluidos los procedimientos ordinarios de arresto y la sanción judicial por detención y los derechos a la libertad de expresión, reunión, asociación y movimiento.
Durante un estado de emergencia impuesto entre el 1 y el 6 de abril de 2022, más de 600 personas fueron arrestadas por desafiar el toque de queda, según HRW.
"Los líderes políticos de Sri Lanka deberían usar la transferencia de poder para abordar los agudos problemas económicos, políticos y de Derechos Humanos que han sido el foco de meses de protestas pacíficas", ha dicho Ganguly.
Asimismo, HRW ha instado a los socios internacionales de Sri Lanka a que insistan en que el nuevo Gobierno aborde "los problemas arraigados de corrupción, inequidad y falta de responsabilidad por los abusos del pasado mediante el fortalecimiento de las instituciones democráticas independientes".