BRUSELAS, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Europea ha dado un ultimátum de dos meses a España y a otros 23 Estados miembro para transponer las normas comunitarias que garantizan la protección de las infraestructuras críticas antes de llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).
Las capitales tenían hasta el 17 de octubre de 2024 para adaptar a su legislación nacional la nueva directiva, que traslada el enfoque de la protección de las infraestructuras críticas a la mejora de la resiliencia de las entidades que las gestionan, además de ampliar el ámbito de aplicación de dos a once sectores.
Las nuevas normas garantizan la prestación de servicios vitales para la sociedad y nuestra economía en sectores clave como la energía, el transporte, la sanidad, el agua, la banca y la infraestructura digital, reforzando la resiliencia de las infraestructuras y las entidades críticas frente a una serie de amenazas, incluidos los riesgos naturales, los ataques terroristas, las amenazas internas o el sabotaje.
Sin embargo, al igual que España, tampoco Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, Rumanía y Suecia comunicaron a la Comisión ninguna medida nacional al respecto dentro del plazo establecido.
Por tanto, la Comisión ha decidido enviar cartas de emplazamiento a estos 24 Estados miembro, que disponen ahora de dos meses para responder, completar su transposición y notificar sus medidas a la Comisión, que a falta de una respuesta satisfactoria, puede decidir emitir un dictamen motivado.